Cuando aún estamos digiriendo la aprobación de la Ley Sinde, que entrará en vigencia en marzo próximo, y prevemos las sanciones que pueda traer a las Webs que se encargan de compartir enlaces a descargas de contenidos “protegidos por derechos de autor”, vemos un caso en el que se sanciona con cárcel una acción que se ha calificado como “delito contra la propiedad intelectual”.

Sucedió en Jerez de la Frontera, donde el Juzgado de lo Penal número 1 ha condenado al propietario de un establecimiento por la distribución y venta de sistemas para “piratear” videoconsolas como “chips y programas swap magic”, así como la venta de “copias ilegales de videojuegos, películas y programas de ordenador”.

A juicio del magistrado que llevó el caso, estos hechos son un delito contra la propiedad intelectual según establecen los artículos 270.1 y 270.3 del Código Penal, por lo que sentencia al propietario de la tienda que comercializaba dichos efectos a cumplir 6 meses de prisión, además de sanciones económicas y la inhabilitación temporal para trabajar en cualquier oficio o comercio relacionado con la distribución y comercialización de obras videográficas, informáticas o en la reparación de videoconsolas.

La sanción es el resultado de una denuncia interpuesta por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), que informó de la misma a través de un comunicado publicado en su sitio de Internet, en el que celebra que no es la única sentencia que se ha resuelto en este sentido:

“Hasta el momento son 8 los fallos emitidos por diferentes tribunales donde la comercialización de dispositivos que vulneran las medidas de protección de los videoconsolas se ha considerado como un delito contra la propiedad intelectual”.

Sin embargo, por aquí recordamos otros casos similares en los que la justicia española ha fallado en forma contraria, como el juicio que Nintendo perdió contra un empresario español al que denunciaba de un delito contra la propiedad industrial por importar de China un kit formado por un pendrive, un tarjeta y adaptador de tarjetas SD y un cartucho, que según la empresa de videojuegos podrían servir para utilizar programas de manera ilegal en la consola. El denunciado se enfrentaba a una petición de 23 años de cárcel, pero finalmente ha resultado absuelto.

En fin, que volvemos a un tema similar al de las descargas de Internet: Las empresas insisten en proponer al Gobierno formas para reprimir y sancionar a los ciudadanos, en vez de sentarse a pensar en un modelo de negocio alternativo, que permita retribuir a los creadores, sin exprimir los bolsillos de los consumidores… Que vamos, que algún equilibrio debe haber, ¿no creéis?

Link:  Un tribunal de Cádiz considera delito contra la propiedad intelectual los sistemas para piratear consolas (ADESE)