Siguiendo con un tema que sigue presente y en trámite en el Senado, dejamos con ustedes esta columna respecto del futuro de TVN como canal de televisión pública en Chile, frente a la llegada de la TV digital. Les recordamos que la Ley de TV digital, además de regular asuntos técnicos, regula contenidos, algo que entró a debate también con la reforma. Escrito por Jaime Mondría y Chiara Sáez.

La introducción de la TV digital en Chile, además de requerir un cambio a la Ley del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), también implica un cambio en la Ley de TVN. Sin embargo, si el debate sobre la ley del CNTV (que coloquialmente llamamos “Ley de Tv digital”) ha sido opaco, el debate sobre TVN lo ha sido aún más. De hecho, la ley ya se discutió en el Parlamento hace más de un año y ahora sólo se espera que se voten las indicaciones que le han presentado los senadores, de manera conjunta con la ley del CNTV.

Queda en manos del ejecutivo la posibilidad de introducir reformas, ya que por reglamento los parlamentarios ya no pueden hacerlo. A no ser que este proyecto tenga un segundo trámite parlamentario en la comisión de cultura en el Senado.

Lo que parecía una oportunidad para el debate acerca del rol de servicio público de TVN, tal como lo fue a principios de los 90s, se está convirtiendo en otra omisión del debate sobre la TV digital que queremos para Chile.

Aunque no ha ocurrido así en todos los casos, en un número importante de países la televisión pública ha liderado la transición digital. En Chile, no observamos una reflexión en este sentido. La ley de TVN, tal como está, tampoco parece dar cuenta de esta problemática.

La postura de TVN ante la transición digital se resume en tres puntos:

• Derechos de propiedad sobre la concesión (de espectro que es público)
• Posibilidad de cobrar por el 50% de transmisión
• Derecho a cobrar a las empresas de cable por retransmitirlo

No hay en este sentido una postura distinta a los canales privados agrupados en Anatel. Sin embargo, siguen sin debatirse otros temas de calado más profundo, que están conectados entre sí.

El status de TVN

El mandato de autofinanciamiento de TVN con el cual el canal público ha desarrollado su andar desde principios de los 90s está relacionado con un contexto (extrema politización y manipulación por parte del gobierno de Pinochet) que ya no es tal. Con el paso de los años, nos hemos damos cuenta que, así como los partidos y los gobiernos pueden deformar el rol de la televisión pública, algo similar puede ocurrir con la influencia que ejerce el empresariado por medio del poder que le otorga la inversión publicitaria.

El mejor ejemplo de ello lo vemos en la dificultad del canal público para abordar las prácticas negativas (laborales, ambientales o abusos al consumidor) de empresas auspiciadoras en sus géneros informativos. En el contexto de la transición digital, en la cual muchos gobiernos han inyectado recursos a sus televisiones públicas para que definan los estándares de lo que se espera de
las televisiones privadas en este proceso, hubiese sido importante volver a pensar el objetivo original que tuvo ese mandato de autofinanciamiento que pesa sobre TVN. Sin embargo, nada de eso hemos visto.

La representatividad de TVN

Para asegurar la diversidad del directorio de TVN, se sostiene que éste cuenta con la aprobación del Parlamento. El Presidente de la
República elige al Presidente del directorio y propone un directorio que debe ser aprobado por el Parlamento. Este mecanismo, se dice, asegura la diversidad del directorio y, por lo tanto, de la televisión pública. Pero este argumento es falaz en dos sentidos: en primer lugar, porque la diversidad que exprese una televisión pública no puede agotarse en la diversidad político partidista.

Por ejemplo, no hay representación de las organizaciones nacionales de productores independientes, no hay representación de los espectadores o asociaciones de consumidores y en el caso de los trabajadores de TVN, tienen derecho a voz, pero no a voto. En segundo lugar, porque luego de más de 20 años ya tenemos suficiente evidencia para sostener que el sistema binominal no es representativo tampoco de la realidad política del país.

Rol de la televisión pública ante la digitalización

Al conocer la postura de TVN ante la ley de televisión digital observamos que dada su obligación de autofinanciamiento, el canal público está ocupado en buscar la rentabilidad en el nuevo escenario y para ello se afirma en el cobro a los teleoperadores y en la capacidad de cobro a los usuarios.

Al parecer, no hay nada en su discurso que le haga distinto de los canales privados comerciales. De hecho, en el debate parlamentario se ha eliminado del proyecto de ley un inciso al artículo 24, que permitía a TVN “comprometer la contratación de créditos” y “solicitar y recibir recursos fiscales y de instituciones públicas”. No obstante, al mismo tiempo, permanecen y se intensifican las obligaciones de servicio público para el canal, al cual se le reconoce un rol diferenciador orientado al bien común, que implica: “Fomentar la educación y el enriquecimiento cultural de la sociedad chilena, ofreciendo una amplia variedad de programas y contenidos de alta calidad, que revelen información y estimulen el conocimiento sobre civilizaciones y culturas nacionales y extranjeras, procesos creativos y artísticos, corrientes de pensamiento, y sobre los avances científicos y tecnológicos, entre otros”.

De lo anterior se derivan muchas preguntas sobre el rol de TVN en el nuevo escenario: ¿Cuál será su aporte distintivo a la televisión digital? ¿Cómo piensa cumplir con sus obligaciones de servicio público en este nuevo contexto? ¿Es compatible el mandato de servicio público vía autofinanciamiento, si para financiarse el canal público tendrá que cobrarle a sus usuarios; es decir, a chilenos y chilenas?

Pareciera que ni el Senado ni TVN están disponibles a un debate abierto sobre estos temas. Le corresponde a la ciudadanía que este debate se haga público. De no mediar cambios, con la digitalización de la TV, el mandato de servicio público de la televisión pública corre el riesgo de desaparecer.