La disputa es singular: Google y España suben al ring de boxeo legal para discutir sobre la responsabilidad que tienen los sitios de internet respecto al contenido de terceras personas que vinculan en sus páginas.
¿Cuál es el detonante de esta nueva batalla entre el gigante de Internet y la Agencia de Protección de Datos de España? Se trata de casos de ciudadanos cuyos nombres aparecieron en boletines oficiales del gobierno o en la prensa por haber sido sujetas a alguna sanción…
Aunque estos problemas datan de muchos años atrás, y ya estas personas superaron los hechos, cumplieron su responsabilidad o pagaron sus condenas (según sea el caso) sus nombres permanecen en la red y es fácil llegar a ellos con sólo realizar una búsqueda en Google. Es decir, que la gente queda con su reputación “manchada” en Internet.
España pide que se retiren esos enlaces. El buscador piensa que se enfrenta a un caso de censura. Y así llegan a batalla legal con dos derechos enfrentados: El derecho a la libertad de expresión en Internet, defendido por Google, y el derecho a la dignidad personal que exige la Agencia de Protección de Datos (AEPD).
Y es que la información que está en conflicto no la ha publicado Google, sino terceros, por lo cual regularla representaría censura… Lo explica Peter Barron, director de Relaciones Externas de Google:
Las leyes españolas y europeas defienden que quien publica un material es responsable de su contenido. Exigir que intermediarios, como los buscadores, censuren el material publicado por otros tendría un efecto paralizante en la libertad de expresión sin proteger la intimidad de las personas”.
En el otro lado del cuadrilátero esta la AEPD, cuyo presidente Artemi Rallo, explica la magnitud del daño causado a la imagen de los ciudadanos que están en problemas por los datos que aparecen como resultado de las búsquedas de su nombre, para actividades como buscar un nuevo empleo, por ejemplo:
Lo deseable sería que Google, en lugar de pleitear sobre el ámbito de aplicación de la ley, diera una respuesta tecnológica para garantizar los derechos de los ciudadanos”.
Ahora bien, y esto ya es en el plano de la opinión personal, el problema de fondo no parece ser responsabilidad de Google. Por ejemplo, la mayoría de los expedientes con quejas de los ciudadanos sobre la “vulneración a su privacidad” que lleva la AEPD en esta querella, están en webs de medios de comunicación. Se trata, sobretodo, de notificaciones de multitud de actos administrativos se suelen incluir demasiadas referencias (nombre, apellidos, DNI, dirección postal)…
¿No sería más fácil pedir a los medios digitales que regulen esa data, en vez de pedir a Google que cambie su algoritmo de búsquedas? Digo, para que busquen la raíz del problema. Quizá en otros tiempos dichas notificaciones incluían todos esos datos porque no existía Internet, pero ahora que la información está al alcance de un clic, tal vez sea tiempo de cambiar los formatos e incluir menos datos “sensibles” a la privacidad de los ciudadanos en dichas notificaciones, al menos en las que serán publicadas en la red, ¿no?
Precisamente es el argumento de Google: Si se restringen datos a los buscadores, se estaría sesgando la libertad de la red, y por eso insiste en que es la web de origen la que, en su caso, debería eliminar la información sensible.
Allí estoy de acuerdo con el buscador, aunque en otros episodios (como con Street View) si que se note que vulneran la privacidad de ciertas personas… En fin, que toca esperar a que hoy Google y la AEPD se vean la cara en los tribunales y ya les contaremos lo que sucede.
Link: Google se enfrenta a España por el borrado de datos personales (El País)
