(cc) Angel Rodríguez Key

A fines del mes pasado os contamos que el Ministerio de Industria tenía la firme intención de presentar ante la Unión Europea, aprovechando la presidencia española en el organismo, una normativa comunitaria con el fin de que los buscadores pagasen una tasa a las operadoras por usar sus infraestructuras.

Después de un primer informe planteando abiertamente esta afirmación, el Gobierno ha elaborado otro texto en el que ha dado marcha atrás en sus pretensiones, y no planteará una legislación que obligue a los buscadores a pagar a las operadoras.

Todo esto llegó a partir de declaraciones del presidente de Telefónica, César Alierta, que opinaba que “los buscadores usan nuestras redes sin pagar nada” y además auguraba que “esto va a cambiar dentro de muy poco”. En un tiempo récord el directivo se vio respaldado por otra operadora y además, apoyado por el Gobierno a través del ministro de Industria Miguel Sebastián, que lanzó varios avisos a la Unión Europea para que todo el mundo supiera cual sería el futuro a este respecto.

Probablemente Alierta ya sabía cuál era la intención del Gobierno, y en realidad, las cosas llegaron rodadas pero nada fue casualidad. El presidente de Telefónica realizó las polémicas declaraciones el 15 de febrero, cuando el texto inicial a plantear en la UE está fechado el 29 de enero.

Así pues, Alierta hace las declaraciones en base a un plan ya elaborado y en marcha, se dispara la polémica, y ahora se rectifica. En cualquier caso, la cosa no ha terminado, ya que el apoyo del ministro Sebastián al presidente de Telefónica fue, a todas luces, el respaldo del Gobierno a una empresa privada.

La documentación habla de los denominados intermediarios de internet. Son aquellos que popularmente se conocen como buscadores, sitios de alojamiento, portales, o servicios de cloud computing entre otros. Estos son los medios, según el texto original, que con una inversión mínima obtienen unas ganancias monumentales utilizando unas redes que no son propias sin pagar nada a sus propietarios.

Se decía inicialmente que la normativa actual garantiza la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, pero esta misma normativa puede ser insuficiente para garantizar los servicios, debido a que los proveedores con mucho poder pueden aprovechar su situación de fuerza para hacerse con parte del negocio de las compañías de telecomunicaciones.

Es decir, las operadoras ofrecen servicios, como por ejemplo de geolocalización, mediante conexiones a internet, o llamadas telefónicas. Ambos servicios, como todo el mundo sabe, son de pago. Google, además de ser el buscador más usado de Europa, con unas ganancias publicitarias millonarias, y que aglutina la mayoría de información de la red, ofrece servicios de GPS gratuitos y llamadas de voz sobre IP gratuitas. Y eso no gusta a las operadoras, porque les ataca parte de su negocio.

Pero ahora, en el nuevo texto se han eliminado todas las referencias a las ventajas competitivas de los intermediarios de Internet en cuanto a servicios y aplicaciones entre otros, y solicita que se fomente la inversión eficiente y la innovación en toda la cadena de provisión de servicios. Dicho de otro modo, de instar a regular a los buscadores, se ha pasado a una frase totalmente ambigua y sin concretar: “las posibles posiciones de abuso que pudiera haber en los diferentes eslabones de la cadena de valor que vayan más allá de las redes de comunicaciones electrónicas, deberán ser estudiadas y, en todo caso, abordadas desde el punto de vista de defensa de la competencia”.

Posiblemente, el hecho de que en las garantías comunitarias al respecto de la neutralidad en la red se especifique que es de obligado cumplimiento el tratar por igual a todo el tráfico, sin que las operadoras, por sus intereses, puedan discriminar ningún proveedor de contenidos, ha tenido mucho que ver. Es decir, que no se podría cortar Google ni privar de su acceso porque simplemente Google se niega a pagar.

El texto, englobado dentro de la denominada “Estrategia de Granada” será puesto en común oficialmente a finales de abril en la reunión informal entre Ministros de Telecomunicaciones de la UE en la ciudad de Granada.

Link: El Gobierno da marcha atrás en su intención de regular Google (El País)