Esta historia está empezando a tomar unas dimensiones que dan miedo. Pero lo cierto es que si atamos los cabos de información pública, uno saca unas conclusiones muy interesantes y todo tiene visos de ser un plan para que España pueda salir de la cola del mundo en temas tecnológicos y ponerse a la altura de los tiempos que corren. Este plan tiene cosas buenas y cosas malas.

La última chispa saltó a partir de unas declaraciones del Presidente de Telefónica, César Alierta en que decía que no podía ser que los ISP pusieran todo para que los buscadores como Google se beneficiaran sin pagar nada (sugiriendo que Telefónica debería recibir dinero de Google por prestarles su red).

Pocos días después, durante el Mobile World Congress de Barcelona, se unían en el mismo parecer Vodafone por un lado, y el Ministro de Industria Miguel Sebastián por otro. Por aquel entonces Sebastián veía viable esta opción, y ahora las cosas se podrían estar enfilando hacia una propuesta en firme, y además, a nivel global.

El Ministro defendió hace escasos días en la sede de la Unión Europea en Bruselas estudiar la posibilidad de crear una tasa para los buscadores de Internet por el uso de las infraestructuras de telecomunicaciones, propiedad de las operadoras.

Ha matizado que en caso de que se cree una tasa de este tipo, el beneficio tendría que materializarse en forma de servicios al usuario final de mejor calidad y menor costo, en una propuesta que no sólo debería estudiarse a nivel europeo sino incluso a nivel mundial.

El Ministro aseguró a finales del año pasado que el derecho universal a la banda ancha será un hecho el 1 de enero del 2011, y se traducirá en un servicio básico de bajo costo de 1 Mb, que debe llegar a todo el país sin excepción. Por aquel entonces las operadoras se crisparon porque para que eso sea posible es necesaria una inversión millonaria por parte de los ISP en un tiempo récord la cual, dicen, no puede asumir, en un país en que la calidad de la ADSL es inversamente proporcional al costo que pagamos los usuarios.

La propiedad de las redes

Para ser exactos cuando hablamos de operadores en el 90% de los casos nos centramos en Telefónica, ya que casi todas las empresas alquilan las infraestructuras y servicios de ésta, y las revenden a los usuarios como servicios propios. Es decir, Telefónica debería pagar la millonaria inversión, y es esta misma compañía la que sugirió la posibilidad de que los buscadores pagasen a los ISP.

¿Por qué la operadora dominante está buscando otras fuentes de financiación? Por un lado, podría ser para escudarse en caso de que el Ministerio de Industria aplique por real decreto una mejora de calidad de servicio o una baja de precio, aplicable a todas las operadoras, que deberían respetar a rajatabla. Y por otra parte, podría servir para realizar esta millonaria inversión en infraestructura. Solamente Telefónica y Vodafone respaldan la posibilidad de que servicios en internet le paguen a los ISP, siendo las únicas que tienen infraestructuras propias en España.

Derechos de autor

¿Por qué otros proveedores de servicios como Jazztel, Orange, Ono, Euskaltel, Al-Pi/Menta, etc. no han respaldado tal intención? No sólo porque ellas no tendrían que pagar nuevas infraestructuras, sino por algo mucho más sencillo y comprensible: por lo que puede llegar con la Ley de Economía Sostenible, que bloquearía sitios web con material con copyright, y lo que puede conllevar la iniciativa de hacer pagar a los ISP.

A groso modo, Telefónica el día de mañana podría empezar a privarnos de acceso a contenido supuestamente sujeto a derechos de autor. Muchos nos cambiaríamos de proveedor. Si eso no ocurre, pero Google, Yahoo!, Bing y similares deciden no pagar una tasa por usar las infraestructuras de Telefónica, esta nos cortaría el grifo. También muchos nos cambiaríamos de proveedor.

La operadora dominante tendría que ceder para no perder cuota de mercado, y las cosas volverían a la normalidad.

Al final, y a sabiendas de que es prácticamente imposible que nos cierren internet, queda muy claro que en cualquier caso el resultado no es otro que los cambios en servicios de internet, que hace años se reclaman por parte de los usuarios, lo serviría el Gobierno sin que le costase un solo céntimo. La cuestión está en saber el costo de todos los efectos, y cuánto tiempo puede pasar hasta que las aguas se calmen de nuevo, cuando hace años que están revueltas.