Hoy viernes en España se aprobará el cierre de sitios web por vía administrativa y sin intervención judicial por parte del Consejo de Ministros. Esto puede chocar frontalmente -y de hecho, choca frontalmente- con lo que el Presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero garantizó hace un mes ante la mayor revuelta en la red española ante la Ley de Economía Sostenible, que contempla esta vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales.

El Gobierno se vió forzado a dar marcha atrás, pero finalmente, han maquillado la Ley cuando esta permanece en base, intacta, a partir de lo que ha trascendido en los últimos días por vías extraoficiales.

Desde el lunes unos pocos medios impresos cercanos al Ejecutivo han avanzado lo que va a aprobarse hoy. En base, se especifica que una Comisión Administrativa dictará si cierra o no una web y sólo a continuación, un juez decidirá si el sitio cerrado vulnera o no los derechos fundamentales de los responsables del portal, como la libertad de opinión o de información. Pero este juez no valorará si la web infringe la propiedad intelectual de lo que dicha web enlaza y/o aloja, ni si su actividad es o no delito, ya que esta responsabilidad seguirá siendo de la Comisión Administrativa.

Para entendernos, un ejemplo. Cuando una web ya esté cerrada por vía administrativa, la Justicia ahora puede decidir si es que al poner en el sitio que esta película se encuentra aquí (link) - lo que NO es delito – se ejerce la libertad de expresión, opinión y/o información. Y este mismo juez dirá si la Comisión Administrativa del Ministerio de Cultura puede o no decidir si la web infringe los derechos de autor. Dicho de otro modo, el juez dictaminará si la Comisión puede ejercer de jurado y ejecutor y cerrar la web definitivamente. Pero ojo, porque todo este proceso se realizará, como he apuntado al principio, cuando el sitio ya haya sido cerrado porque al Ministerio le pareció conveniente.

Pero no saquemos conclusiones todavía, y veamos antes los puntos de la discordia del texto.

Los puntos más discutidos cuando el texto vió la luz eran el cierre administrativo de cualquier web sin intervención judicial previa por un lado, y por otro, que esta normativa -entre otras- entren en vigor por vía reglamentaria, lo que implica que no pase por el Parlamento y sea debatida y votada por todas las fuerzas políticas del país, y queda todo supeditado a la aprobación que tendrá lugar hoy en el Consejo de Ministros que, como todo el mundo sabe, sólo está integrado por los ministros del partido en el poder.

Ahora sí saquemos conclusiones. ¿Cual es la diferencia entre la Ley de hace un mes y la actual? Pues, en vez de ir del punto A al punto B en línea recta, se va del punto A al punto B haciendo zig-zag. No hay diferencia alguna.

Pero hay más. Las modificaciones no han visto la luz oficialmente, y todo se basa en lo que apuntan algunos -y solo algunos- rotativos nacionales. La verdad es que, al no conocer al detalle cuales son las modificaciones realizadas y la forma en la que se ejecutarán es muy difícil hacer conjeturas. El reglamento -que no ley- se aprobará sin que se conozcan en profundidad todos los entresijos, y somos muchos los que pensamos que lo que está sucediendo en el país es solo un aperitivo de lo que está por venir para ver como reacciona la comunidad internauta. Mal; la comunidad internauta reacciona mal, a pesar de que algunos medios han apuntado lo contrario, y que han tenido que rectificar ante las avalanchas de acusaciones fundadas y demostradas de, simplemente, mentir.

Mañana sábado el #manifiesto -hashtag en Twitter- volverá a tenerse muy presente cuando varias asociaciones y usuarios de internet se reunirán para estudiar al detalle la “ley modificada”, y a partir de esta lectura, se plantearán o no nuevas iniciativas para que se aplique. Lo más peligroso de este asunto es que cuando esta reunión tenga lugar, el texto ya se habrá aprobado a nivel nacional.

Link: Los internautas cocinan su ‘no’ al plan antidescargas (El Periódico de Catalunya)